CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- En agosto de 2014, el Congreso mexicano aprobó la creación de nueve leyes y la modificación de 12 ya existentes en materia de hidrocarburos, electricidad y geotermia, reformas que abrieron las puertas a la inversión extranjera y a la instalación de empresas transnacionales.
La promesa del gobierno federal fue que estas empresas llevarían beneficios económicos y empleos a las comunidades indígenas donde se asentaran; sin embargo, organizaciones civiles dicen que en lugar de progreso hubo amenazas a quienes defienden la propiedad de sus tierras.


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