CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La decisión del gobierno mexicano de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un “retroceso” en materia de derechos humanos y profundiza una estrategia de “militarización” que “no ha resultado en una reducción sostenida de la delincuencia” desde 2006, denunció hoy la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif.

Desde Ginebra, la oficina condenó la aprobación por el Congreso mexicano de la reforma legislativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual “cementa el papel ya prominente de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México”, y expresó su “preocupación” respecto a “otras iniciativas que profundizan la militarización de las labores policiacas”, como la propuesta del PRI de mantener a la Sedena en labores de seguridad pública hasta 2028.