MÉXICO, D.F., 12 de noviembre (proceso).- Ninguna persona que haya presentado una demanda ante un órgano judicial en México puede dudar de que se han violado varios de sus derechos cuando concurren las siguientes circunstancias: que pasan tres años y medio sin que sepa si la demanda se admite o no; que en los últimos 15 meses ese tribunal no envió señales en torno a los avances de su labor, y que nunca fue respondida su solicitud de reunirse con los titulares del organismo, para finalmente enterarse de que se consideró inadmisible su caso, sin que le comunicaran oportunamente por escrito los motivos que llevaron a adoptar tal decisión.
Si fuera el Estado mexicano el que incurriera en tales omisiones y conductas contra el demandante, el propio Estado podría ser denunciado ante instancias internacionales para que afrontara su responsabilidad por la violación de derechos humanos como el debido proceso y el acceso a la justicia.


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