CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En agosto se habrán cumplido cuatro años del derrame tóxico en Sonora provocado por Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México. Las versiones oficiales de la empresa y el gobierno no podrían ser más distantes de las percepciones de la gente que habita la región y que se organizó en los Comités de Cuenca Río Sonora, a los que he acompañado desde hace poco más de tres años como abogado de PODER –una organización regional, sin fines de lucro, que trabaja para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en México y América Latina desde una perspectiva de derechos humanos–.

La novedad en estos últimos días es que el pasado 11 de abril la Segunda Sala de la Suprema Corte ha decidido conocer dos de los varios juicios de amparo que se han promovido para buscar remediar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por las actividades de la empresa minera. Este acontecimiento brinda algo de esperanza para hallar verdad y justicia para el caso.