CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de tres años de dejar sus tierras en Urique y Guazapares, para salvar su vida, familias de las comunidades indígenas de El Manzano y Monterde fueron a ver sus propiedades, pero al regresar a la capital del estado les informaron del asesinato de un hombre y su hijo, en Monterde, como represalia por la visita.

La doble ejecución evidencia el control del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, donde el desplazamiento forzado no ha cesado desde el 2015. Y sucedió justo una semana antes de la visita a Chihuahua de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez- Damary.