CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de seis años de que México fuera sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición de tres integrantes de la familia Alvarado, tras ser sacados de sus domicilios por personal militar en diciembre de 2009 en Chihuahua, familiares de las víctimas denunciaron la falta de voluntad para cumplir la resolución de carácter obligatorio.

En una audiencia pública para revisar el cumplimiento de la sentencia relacionada con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum, fueron cuestionados por los jueces regionales sobre la incapacidad de dar respuesta a las exigencias de investigación, búsqueda de las víctimas, detenidas en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua, así como de la reparación efectiva del daño a sus familiares.