CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde 2007 se reformó la Constitución para regular la publicidad oficial o propaganda gubernamental, sin embargo, diez años después el gasto se ejerce en forma excesiva, discrecional, arbitraria y discriminatoria e incluso la publicidad oficial llega a condicionar las relaciones entre medios y gobiernos.
Así lo señaló la doctora Lourdes Morales Canales, de la Red por la Rendición de Cuentas, durante su participación en el Foro “Control judicial para la regulación de publicidad oficial”, donde también participaron Artículo 19, Fundar, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Seminario Universitario.


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