MÉXICO, D.F., 25 de junio (proceso).- Mientras el gobierno de Felipe Calderón se afana por presentar al Ejército como una institución respetuosa de las garantías individuales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en duda la voluntad política del Estado mexicano, toda vez que éste se niega a acatar las sentencias internacionales en su contra por violaciones a derechos humanos cometidas por personal castrense.
En su 43 periodo extraordinario de sesiones del 15 de mayo pasado, el tribunal internacional emitió severas condenas contra México: una relacionada con la sentencia por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, y dos más relativas a las violaciones sexuales contra las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002. En los tres casos estuvieron involucrados miembros del Ejército.


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