CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Lejos de las promesas de justicia que externó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace tres meses, las autoridades mexicanas, especialmente el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), han entorpecido la investigación para esclarecer las responsabilidades en el incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron 40 personas.

Ya transcurrieron 90 días desde el incendio que conmocionó a la sociedad mexicana y las autoridades “siguen culpando a las personas migrantes, sin asumir su responsabilidad”, deploró un grupo de organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la investigación, el cual advirtió que este caso “no puede ser una más en la cuenta de casos impunes del Estado mexicano, ni quedar en el olvido”.