CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta para un espacio dedicado al análisis de la realidad judicial en torno a la garantía de los derechos humanos, existen sucesos que irrumpen de tal manera que no parece aconsejable que pasen desapercibidos, menos si incendian los cimientos del orden constitucional. La instrucción presidencial de dejar sin efectos las medidas derivadas de la aplicación de la reforma educativa, a pesar de que puedan desatenderse obligaciones constitucionales o legales, es uno de aquéllos.