CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 184 defensores de derechos humanos fueron asesinados, la mayoría en el contexto de su oposición a megaproyectos de infraestructura o políticas públicas en las que un factor más o menos frecuente fue la atribución de los crímenes a la expresión genérica “delincuencia organizada”.

Esos casos terminaron beneficiando a grandes empresas, o bien, a los intereses detrás de las decisiones gubernamentales, por lo que en su comisión existe una responsabilidad del Estado por acción, omisión o aquiescencia, como ha señalado persistentemente el Comité Cerezo México, que llevó el registro de los mencionados 184 casos que, considera, deben tratarse como ejecuciones extrajudiciales, con propósitos represivos.