MÉXICO, D.F., 2 de marzo (proceso).- La detención de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo el pasado 26 de febrero sacudió al país. De inmediato empezaron las explicaciones de la acción gubernamental, así como las más diversas interpretaciones procedentes de todos los ámbitos de la vida pública mexicana. También hubo especulaciones, y desde luego pronósticos, sobre el desenlace y sus consecuencias. Hasta el 28 de febrero, el gobierno dio una de cal y otra de arena: detuvo a una presunta delincuente, pero mostró su vocación autoritaria al sustituirla por un líder dócil y maleable. Con ello evocó al Quinazo, del que tanto se quiere distanciar.
Pese a todas las explicaciones oficiales, no hay manera de ocultar que la decisión fue política, hasta ahora bien respaldada jurídicamente, pero política a final de cuentas. Era un secreto a voces que bastaba una mínima investigación en las finanzas sindicales y personales de la lideresa para encontrar evidencias con valor jurídico probatorio para encarcelarla. No se habían realizado las pesquisas porque faltaba voluntad política. Por ello, la decisión fue política y la operación, así como la ejecución, jurídicas.


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