CIUDAD DE MEXICO (apro).- A casi dos años de que jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, protestaran por sus deplorables condiciones laborales y de que fueran reprimidos por policías estatales, la CNDH emitió una recomendación a los tres niveles de gobierno, tras constatar que el Estado contribuyó a “la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.
La recomendación fue dada a conocer en el contexto del Día Mundial de la Justicia Social, fecha en la que el organismo puntualizó en la falta de políticas públicas “adecuadas y suficientes para sacar de la pobreza a 55.3 millones de personas, de las cuales más de la quinta parte (alrededor de 11.4 millones) vive en pobreza extrema”.
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