CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La desaparición de al menos 36 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante el primer semestre de este año presuntamente a manos de personal de la Secretaría de Marina (Semar) puede convertirse en un caso más que marque a la administración de Peña Nieto.

El amedrentamiento a los familiares que las buscan y a los defensores de derechos humanos que los acompañan –incluida la titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Karla Irasema Quintana Osuna– contextualiza las indagatorias de las carpetas de investigación atraídas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FED) de la Procuraduría General de la República (PGR).