El destino del Plan B impulsado por el presidente, que modifica las reglas electorales, se encuentra en la cancha de la Suprema Corte. La primera parte de dicho plan ya está suspendida en Coahuila y Estado de México, donde se iniciaron procesos electorales. Pero la segunda pila de modificaciones, que impacta la estructura del INE y del tribunal electoral, está en vías de ser promulgada. En cuanto eso suceda la Corte tiene hasta el 2 de junio para conceder suspensiones o pronunciarse para que se fijen las reglas válidas en el proceso electoral 2024, que se iniciará en septiembre próximo.
La ruta jurídica para conservar las reglas electorales vigentes rumbo a la sucesión presidencial de 2024 mantiene a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al límite del tiempo que tiene para pronunciarse, o bien conceder una suspensión.