SAN JOSÉ, Costa Rica (apro).- Cinco de las once mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, exigieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) castigo a los responsables intelectuales y a la cadena de mando por los agravios sufridos en mayo de 2006.

Los hechos descritos por las mujeres ocurrieron durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador quien, a instancias del juez de Ecuador, Patricio Pazmiño Freire, fue mencionado con nombre y apellido por una de las víctimas como actor principal en la campaña de desprestigio en contra de la las víctimas, cuando declaró que las mujeres no habían sido violadas y que habían seguido un “manualito” para denunciar las agresiones.