CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Sentenciada ya por la Suprema Corte como un mecanismo de censura indirecta, la publicidad oficial en México –que durante décadas ha sido manejada al antojo de los gobernantes– deberá ser regulada a más tardar en abril próximo por el Congreso, donde ya hay iniciativas de distintos partidos.

Lo que resulte tendrá que ser aplicado por el gobierno de quien gane la Presidencia el 1 de julio de 2018, a menos que los legisladores desacaten la sentencia del máximo tribunal, que los obliga a reglamentar el artículo 134 de la Constitución respecto a la publicidad de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los órganos autónomos y los gobiernos federal, estatal y municipal.