CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con el anuncio de la asignación del nombre de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido a calles en la Ciudad de México y en Misantla, Veracruz, y la creación de una unidad especializada para el esclarecimiento de su muerte en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano por no haber garantizado la vida y seguridad de la activista y fallar en el acceso a la justicia en su caso.

Sin la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se llevó a cabo la disculpa pública, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitida en noviembre del año pasado relacionada con la muerte de Ochoa y Plácido,  ocurrida el 19 de octubre de 2001, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, periodo en el que era procurador de Justicia Bernardo Bátiz, actual miembro del Consejo Judicatura Federal.