CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El asesinato de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el país es un asunto delicado, y quienes se dedican a esa actividad padecen una escalada de violencia, admitió hoy el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

El pasado 27 de marzo fue asesinada Eulolia Lila Díaz, dirigente del Concejo Indígena del Trueque en el Estado de México, y tres días después (el 30 del mismo mes) fue ejecutado Abiram Hernández. Con esas dos muertes suman más de 10 los activistas victimados en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que justo este lunes cumple cuatro meses de haber iniciado.