CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La suspensión de la ley que limita los salarios de los servidores públicos fue reclamada hoy por la Presidencia de la República a partir de aspectos de procedimiento que, según el Ejecutivo, hacen improcedente la decisión asumida por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El desencuentro entre los poderes Ejecutivo y Judicial ha marcado el arranque de la administración, a partir de que las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión atendieron una serie de reformas que fijaron un tope salarial máximo de 108 mil pesos mensuales, cantidad que gana el presidente y que no debe ser superada por ningún otro servidor público.