Erubiel Tirado* /CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fueron miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) los que participaron en la provocación de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco; con un amplio abanico de actividades de inteligencia establecidas discrecionalmente en sus reglamentos, el Estado Mayor Presidencial tuvo también un papel en las actividades de la guerra sucia de los años setenta y parte de los ochenta; de igual modo, fue el Estado Mayor Presidencial el órgano responsable de la seguridad del candidato priista Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994; y fue el Estado Mayor Presidencial el que justificara, por razones de “seguridad nacional” (sic), con una base legal endeble, la compra del avión que estrenó Enrique Peña Nieto (que “no lo tiene ni Obama”, AMLO dixit), pero que, en honor a la verdad, la transacción se hizo en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Sin consideraciones de fondo sobre el origen y el papel histórico-político del Estado Mayor Presidencial, valorando su pertinencia, ya agotada, en la vida política mexicana, el anuncio de su transformación por parte del candidato presidencial ganador al salir del encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto (3 de julio), ha recibido innumerables críticas y cuestionamientos.
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