CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una nueva denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) ayer exige a la dependencia que investigue, con base en evidencias publicadas en Estados Unidos, sobre la participación de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en los operativos “Gunrunner”, “Wide Receiver” y “Rápido y Furioso”, que dispersaron armas de fuego en México y alimentaron la imparable ola de violencia que sigue arrasando hoy; y recordó que una de estas armas incluso estaba en manos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera cuando fue detenido, en enero de 2015.

De acuerdo con el escrito de la denuncia –presentada ayer por una institución académica, una organización y un despacho reunidos en la iniciativa [DES]arma México, A.C.–, existen evidencias que muestran la participación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –a cargo de Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, sucesivamente–, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –dirigida por Genaro García Luna– o la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en los fracasados operativos.