CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares del activista Antonio Vivar, asesinado a tiros durante un desalojo en Tlapa, en 2015, exigieron a los gobiernos federal y estatal cumplir la recomendación 85 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La recomendación, difundida en diciembre pasado, determina que soldados y policías federales y estatales, así como funcionarios y autoridades ministeriales de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y del exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez, encargados de investigar los hechos, incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos de profesores.