CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El proceso de extinción de los fideicomisos previstos en distintas leyes ha generado una ríspida disputa entre los beneficiarios de esos instrumentos financieros y la política pública de la 4T que ha considerado la desaparición de esas vías de financiamiento como un atentado a la economía social. Es por la razón anterior que el tema que ha generado un amplio debate en los medios requiere de un análisis reposado que ponga las cosas en su justa dimensión, justo ahora que el Senado aprobó en lo general la extinción de los instrumentos financieros de referencia. Veamos.

Primero. Es debatible que los fideicomisos públicos sean la panacea para algunos de sus beneficiarios y los partidos de oposición que han visto en este diferendo un frente contra el gobierno federal. Lo cierto, empero, es que, de entrada habría que empezar por el principio: ¿Tiene atribuciones constitucionales el Congreso de la Unión para reformar las leyes que dan vida a los fideicomisos en cuestión? La respuesta debe darse en sentido positivo. Las cámaras del Congreso no han incurrido, hasta donde advierto, en un ejercicio inconstitucional de sus facultades previstas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, se encuentra abierta la vía jurisdiccional para controvertir la actuación del Congreso como lo adelantado que lo harán algunos gobernadores mediante controversia constitucional u otras vías que han anunciado harán valer en tribunales. Sobra decir que los gobernadores tienen la potestad de recurrir lo que, a su juicio, ha aprobado erróneamente el Congreso de la Unión en este rubro. Será, en todo caso, la Suprema Corte de Justicia la que tendrá la última palabra en este escarceo más político que jurídico.