En virtud de los recursos adicionales que el Instituto Nacional de Migración recaba por las cuotas migratorias y un uso discrecional del presupuesto al amparo de la “seguridad nacional”, la dependencia –según la Auditoría Superior de la Federación– gasta más de tres veces lo que le asigna la Cámara de Diputados. Más aún, ha otorgado contratos por adjudicación directa a empresas fantasmas y a compañías cuestionadas por prácticas de corrupción.

Ciudad de México (Revista Proceso).- Bajo la gestión de Francisco Garduño Yáñez, el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha convertido en una de las dependencias más opacas de la administración pública federal.