CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Difícil comprender por qué un gobierno que tiene todo para hacer las cosas bien, con frecuencia las haga tan mal. Difícil entender decisiones y acciones que corren en contra de la congruencia democrática y el combate a la corrupción que presume. Todos los días hay un ejemplo de la Cuarta Transformación optando por la regresión, la opacidad y la discrecionalidad que denunció en otros gobiernos y ahora emula. El botón de muestra más reciente: la clasificación como “información reservada” de todo lo que tiene que ver con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. El plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de seguridad y aeronavegabilidad, el diseño, la construcción y las finanzas fuera del escrutinio público. Con el argumento de la “seguridad nacional” tumba 20 años de lucha por transparentar la gestión y la obra pública financiada con nuestros impuestos. Un gobierno que se jacta de enfrentar la corrupción crea condiciones para que siga enquistándose.

Basta leer el nuevo libro de Susan Rose-Ackerman, madre del analista y suegra de la secretaria de la Función Pública, titulado Corrupción y gobierno: causas, consecuencias y reformas. Ahí, una de las expertas más reconocidas a nivel internacional delinea lo que hace posible la corrupción y cuáles son los procesos para irla acotando. Señala la importancia del fortalecimiento institucional, la regulación para contener la extracción de rentas, la simplificación administrativa para acabar con la tramitología, los procesos transparentes en las compras y licitaciones públicas, el proceso de toma de decisiones sobre obra pública, el contrapeso de una sociedad civil robusta y participativa, la autonomía indispensable del Poder Judicial y la independencia necesaria de las entidades anticorrupción. Sin estas condiciones, cualquier lucha contra la corrupción, estará destinada al fracaso. Sin estos prerrequisitos, contenerla sería imposible.