COLIMA, Col. (apro).- Por haber utilizado un crédito para un fin distinto al autorizado por el Congreso local, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez enfrenta la posibilidad de ser sometido a juicio político por parte de la Legislatura local.

Al rendir su informe de resultados de la auditoría correspondiente a 2018, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) determinó que el gobierno estatal dio otro destino a 200 millones de pesos prestados por Banobras, luego de que los diputados aprobaron el crédito, el año pasado.