CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una vez admitida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional que presentó el Ejecutivo de Morelos contra el Congreso local por negarse a legislar a favor del aborto, el gobierno de Graco Ramírez no está obligado a publicar las reformas aprobadas en la materia en diciembre pasado.

El gobierno estatal promovió ante la SCJN la controversia constitucional 14/2016 contra actos de los diputados, a quienes responsabilizó de incurrir en omisiones y aprobar reformas sin previo debate y sin cumplir con los estándares internacionales para garantizar la vida y los derechos de las mujeres, es decir, su derecho a interrumpir el embarazo.