CIUDAD DE MEXICO (apro).- Luego de conocerse el caso de “Citlali”, una niña indígena de 13 años que fue violada y a la que personal del Hospital de la Mujer de Hermosillo le negó la posibilidad de interrumpir el embarazo, el gobierno de Sonora justificó hoy que debido a que un juez clasificó el delito como estupro, “las autoridades de Salud estatal no están obligadas a acatar aquella determinación”.

En un comunicado, el gobierno de la priista Claudia Pavlovich argumentó que “tratándose del delito de estupro no se permite interrumpir un embarazo, razón por la cual la Secretaría de Salud está imposibilitada legalmente para cumplir con la solicitud del padre de la menor”.