CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reciente decisión de poner en libertad a militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, “pone en evidencia que el Poder Judicial es poco efectivo para el juzgamiento de los casos graves de derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación de su parte”, consideraron organizaciones de derechos humanos.
En un comunicado, 16 organizaciones sociales –entre ellas la Red TDT, que agrupa a más de 70 agrupaciones en el país– evaluaron el fallo del magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, quien el pasado viernes 13 decretó la libertad de los tres soldados procesados en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de los vestigios, con lo que todos los elementos del Ejército que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya quedaron libres.


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