La información robada por el colectivo Guacamaya a la Sedena reporta que la delincuencia organizada acuerda reuniones y pagos con funcionarios municipales, estatales y federales. De los reportes hackeados destacan –hasta el momento– los que involucran con el narcotráfico a funcionarios de Tabasco que estuvieron bajo el mando del entonces gobernador Adán Augusto López, así como a miembros de los gobiernos de Jalisco, Morelos, Guerrero y Veracruz. Además, la Defensa también tiene bajo la lupa a funcionarios de Chiapas y Campeche (de Morena) por ligas con algunos de los 81 grupos criminales que operan en el país.   

Los informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exhiben la compleja realidad delictiva que padece México y las alianzas entre los 81 grupos criminales y altos funcionarios que despachan en presidencias municipales, gobiernos estatales –especialmente en las oficinas de gobernadores, sus fiscalías y policías– y en las instituciones federales como la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y el propio Ejército.