MÉXICO, D.F., (apro).- Para eludir los cuestionamientos sobre la corrupción en las instituciones públicas y la falta de independencia del sistema judicial, a los que tenía que responder ayer en dos audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Honduras tomó una decisión inédita: no envió a ningún representante.

“Nunca antes, ni siquiera en la época del golpe de Estado ocurrido en 2009 (contra el expresidente Manuel Zelaya), las autoridades habían desatendido un llamado de la CIDH”, denunciaron hoy organizaciones defensoras de derechos humanos.