México, DF (apro).- La iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que el gobierno de Enrique Peña Neto entregó el jueves 10 al Senado, “desatiende la mayoría de las exigencias hechas por las familias de víctimas de desaparición forzada”, denunciaron colectivos y organizaciones de víctimas de ese delito, al aseverar que “con ella el Estado intenta deslindarse de su responsabilidad en casos de graves violaciones a derechos humanos”.

La Coordinación Nacional contra la Desaparición Forzada en México –que agrupa colectivos y organizaciones de víctimas de desaparición forzada– destacó una serie de puntos débiles en el texto, entre ellos que el proyecto no incluye la palabra “forzada” en su título, lo cual revela un intento de “invisibilizar” el delito, que es responsabilidad del Estado.