CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de Ley del senador Ricardo Monreal sobre regulación de las redes sociales tiene, como toda obra humana, aspectos positivos y otros que lo son menos. En efecto, los objetivos de la iniciativa de referencia son plausibles: a) Proteger los bienes jurídicos tutelados frente a la libertad de expresión como el derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen; b) La búsqueda por minimizar las posverdades y las fakes news para robustecer al derecho a la información para la toma decisiones informada de la comunidad, c) El combate al discurso del odio y de aquellas informaciones que pueden poner en jaque la seguridad de la nación y d) Transparencia sobre cómo y por qué se cancelan cuentas y contenidos. Así, pues, en el qué, en el objetivo, creo que hay un razonable consenso en términos generales, donde una mirada más puntual puede generar problemas de interpretación. Por otro lado, el gran reto –que no el único– es el relativo a los cómos; es decir, encontrar el saludable equilibrio entre lo deseable y lo posible, la adecuada ponderación entre la libertad de expresión y la protección de los otros bienes jurídicos que están en juego. Veamos.

Primero. Las conductas socialmente inapropiadas no tienen lugar sólo en Internet o en las redes, sino también en los medios tradicionales como se pone de relieve en el país con la gran polarización. ¿Cómo explicar racionalmente un rasero a los medios tradicionales para que emitan posverdades, fakes news, afectaciones a los derechos de la personalidad, los cuales, se dice, son los efectos secundarios de la necesaria libertad de expresión y, por otro, se pone en práctica un sistema más riguroso con esos mismos contenidos que tienen como vía de salida las redes sociales? Hasta este momento no se ha explicado por qué hay esos dos baremos, hay medios tradicionales que tienen un gran impacto entre la sociedad, razón por la cual no se podría argüir que la razón reside en su poco impacto.