CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque de manera tardía, el gobierno federal busca subsanar los yerros cometidos por las autoridades quintanarroenses en el caso de Victoria Esperanza Salazar Arraiza, la salvadoreña asesinada por policías municipales el pasado 27 de marzo, en el municipio de Tulum.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que este jueves entregó tarjetas de visitante por razones humanitarias a las dos hijas de la migrante centroamericana, una de las cuales fue víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su madre, quien ya se encuentra detenido y sujeto a proceso.