CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los procedimientos que implican el nuevo sistema de justicia penal en la Ciudad de México para denunciar el abuso sexual obstaculizan el acceso expedito a la justicia para las agredidas, asegura Teresa Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino.

Por ello, sugiere que en este tipo de agresiones –que no llegan a considerarse como violación— los agresores deberían ser sometidos a multas económicas y a arrestos en un esquema similar al que opera el programa conocido como “Alcoholímetro”.