CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- La Procuraduría General de la República (PGE) conoce desde 2014 los términos de la sentencia en la que se le ordena indemnizar y ofrecer una disculpa pública a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, encarcelada en 2006 por el supuesto secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Hace dos años el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a esa dependencia al considerar que el Estado mexicano cometió actos irregulares en el proceso penal contra la indígena, y ordenó la reparación del daño. En ese sentido, la PGR ya sabe cómo debe cumplir la resolución.


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