CIUDAD DE MEXICO (apro).- Hace diez años, el senador panista Javier Corral alcanzó notoriedad nacional con una de las batallas más difíciles y turbias que se han librado en el México de la alternancia: lograr la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, aprobada en marzo de 2006, en medio de las presiones de todos los candidatos presidenciales y de la mayoría de legisladores coludidos con la empresa de comunicaciones más importante del sistema.

Corral se convirtió en el más consistente, informado y crítico político en contra de ese poder salvaje que había doblegado al Ejecutivo federal, al Congreso y amenazaba con atenazar al Poder Judicial. No era una batalla de agravios personales. Era una lucha contra la tentación de una dictadura mediática que logró descarrilar buena parte de las promesas de la transición a la democracia no cumplida: en 2002 las dos televisoras cancelaron la reforma a la ley de medios electrónicos que había propuesto el gobierno de Fox; TV Azteca se apropió de Canal 40 de la peor manera; en 2004 condicionaron el “apagón analógico” a sus intereses (aunque ahora se quejen); en 2006 lograron el refrendo automático de sus concesiones, avanzaron en su proyecto por convertirse en empresas de telecomunicaciones y dar los servicios de triple play. Sobre todo, se transformaron en juez y parte de las disputas político-electorales, beneficiándose con cientos de millones de pesos del presupuesto de los partidos y los gobiernos estatales y federal.