CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass Herrera, concedió a la organización civil Documenta una suspensión de plano para que el gobierno de la Ciudad de México aplique e informe sobre las medidas que toma para garantizar el derecho a la salud y la vida de personas privadas de la libertad y las que laboran en los 13 centros de reclusión, en el contexto de la emergencia sanitaria.

En un comunicado, la organización sostuvo que ayer reclamó todas las medidas de atención a la salud necesarias para evitar contagios de covid-19, que se garanticen los suministros básicos de higiene, el acceso a agua potable y agua corriente, y el derecho a la alimentación, ya que se ha restringido el acceso a visitas.