CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tal es la cantidad de cuestiones públicas que deben resolverse en sede judicial, que no me sorprenden nada los constantes intentos para que la política influya las determinaciones de los juzgados y tribunales, incluida la Suprema Corte. Tampoco me extraña que desde el poder político se sueñe con controlar a los poderes judiciales a través de nombramientos con visiones afines a sus propios proyectos.

No me parece novedoso el cuestionamiento público de decisiones judiciales que no se comparten por las administraciones en turno. Pero a lo mejor sí estamos en presencia de algo poco frecuente por lo que hace al descuido o menosprecio que el actual gobierno tiene por pulir las formas jurídicas de su actuar. Si esa actitud forma parte de un plan para subvertir el Estado de Derecho, me declaro escéptico.