CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La corrupción política no se combate con corrupción judicial. ¿Tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador la intención y la posibilidad de salir de ese funesto círculo vicioso? ¿Está dispuesto a no hacer un uso político de la justicia en el proceso contra Emilio Lozoya y a garantizar la limpieza del juico respetando a cabalidad la autonomía de la Fiscalía General de la República? ¿Su prioridad es hacer justicia con estricto apego a la ley y dar un paso decisivo hacia la instauración de un verdadero Estado de derecho, condición fundamental para la existencia de una auténtica democracia? ¿O el líder de la 4T tiene otros planes?

Hasta el momento, son más los elementos para pensar que el mandatario utilizará su poder sobre la Fiscalía –cuya autonomía constitucional está limitada en los hechos por la voluntad presidencial– para intervenir en el proceso judicial con miras a las elecciones intermedias del año próximo.