CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrategia de seguridad pública militarizada y el encubrimiento del personal castrense responsable de abusos, desde que Felipe Calderón declaró la “guerra contra el crimen organizado”, se pondrán bajo la mira de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el jueves 26 y el viernes 27.
Ello, como parte del litigio contra el Estado mexicano por la desaparición forzada –el 29 de diciembre de 2009– de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, a manos del Ejército mexicano.


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