CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A raíz de un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Legislativo deberá consultar a todos los pueblos indígenas y afromexicanos del país para posteriormente elaborar una Ley Nacional de Consulta Indígena, una deuda hacia los pueblos originarios pendiente desde 2001.

El abogado zapoteco Carlos Morales, integrante del despacho Litigio Estratégico Indígena, basado en Oaxaca –que acompañó este caso de “omisión legislativa” desde 2017– celebra la decisión de la SCJN, y advierte que vigilará que la nueva ley no sea una “simulación”, sino “un canal para que la voz genuina de los pueblos se escuche, que los pueblos indígenas tengan un mecanismo para decir si están de acuerdo con las afectaciones a sus territorios”.