El 20 de febrero la Suprema Corte de Justicia estableció que la base de datos del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México no podrá ser consultado por los ciudadanos, sólo por las autoridades capitalinas que participen en la prevención de delitos. Ante la ínfima proporción de carpetas de investigación que se judicializa y la impunidad, 98.5% de los delitos denunciados en la ciudad, la medida de la Corte les quita a las víctimas de esos agresores incluso la posibilidad de exponerlos socialmente.

Ciudad de México (Proceso).- En septiembre de 2022 Laura fue víctima de violación dentro del edificio donde vivía. Cuando denunció sus abogados le explicaron que una vez que la investigación sea enviada a un juez, el nombre del presunto agresor quedaría en el Registro Público de Agresores Sexuales en la Ciudad de México, con lo que ella sintió garantizada una parte mínima de la justicia que exige a las autoridades.