CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde que en noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución del delegado Israel Moreno Rivera en Venustiano Carranza, en la Cuidad de México, ha seguido el camino fácil de sanciones y hasta consignación penal de presidentes municipales y cabildos por desacato de sentencias de amparo.

Las más recientes, este martes 16, de los presidentes municipales de Coacalco, en el Estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, en Puebla, Erwin Castelán y Pablo Pérez Maceda, respectivamente; representantes sin mayor peso en la política nacional y por lo mismo sin mayor costo político del máximo tribunal.