Ricardo Balderas/PODER *

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aguas de Barcelona (Agbar) llegó a Saltillo, Coahuila, en el 2001 bajo la promesa de que iba a “Mejorar la accesibilidad del agua para los habitantes”. En ese entonces, el alcalde era el priista Óscar Pimentel González y la gestión público-privada no levantó sospechas. Ahora, la empresa se ve envuelta en un círculo de denuncias que varían entre violaciones a los derechos humanos, la aprobación irregular del aumento en la tarifa, una multa por cobros indebidos a más de 200 usuarios y el remate de una paraestatal en buenas condiciones[1].