La economía de algunos municipios del Estado de México, principalmente los que comparten frontera con Guerrero, está gravemente lastimada porque, además de las condiciones sociales de la región, sus habitantes están sujetos a pagar los “impuestos” del cártel de la Familia Michoacana. De acuerdo con testimonios recabados por este semanario, el sistema impuesto por el grupo criminal obliga a los comerciantes a abastecerse con los productos del cártel y a vender su droga. En esta región mexiquense el control sobre sus habitantes llega al grado de que para organizar una boda u otra celebración “tienes que pedirle permiso al señor y pagar una cuota”. Es un cáncer que crece porque ninguna autoridad lo ha evitado.