CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La batalla legal de un padre que busca a su hijo desaparecido hace cuatro años, exhibió el primer caso documentado sobre la pérdida de un cadáver que oficialmente se encontraba en una fosa común ubicada en Acapulco, donde el gobierno estatal ha inhumado desde 2010 y de manera inadecuada -sin cadena de custodia, apilados y cubiertos con tierra-, un número indeterminado de restos humanos que permanecen sin identificar en el principal destino turístico de la entidad colapsado por la violencia, impunidad y corrupción.

Este hecho refleja la indiferencia del gobierno de Héctor Astudillo Flores frente al drama de cientos de familias en la entidad y las deficiencias en la Fiscalía General del estado (FGE), y el Servicio Médico Forense que depende de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), donde los trabajadores carecen de equipo, material, capacitación y personal especializado para garantizar el derecho de las víctimas que siguen buscando a sus desaparecidos en fosas clandestinas y el laberinto burocrático institucional.