En una carta dirigida a organismos de la ONU, 40 colectivos de El Salvador, Honduras y varias entidades de México rechazan la reforma constitucional porque la búsqueda de personas desaparecidas la desvincula de la investigación ministerial, además de que en su elaboración “se violó el derecho de consulta y participación de las familias”.

Ciudad de México (Apro).– Colectivos de familiares de personas desparecidas de Centroamérica y de buena parte del país denunciaron ante el Comité de Desaparición Forzada (CED) y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la Naciones Unidas que la reforma constitucional que pretende reconocer el derecho de toda persona a ser buscada es regresiva al desvincular la búsqueda de la investigación ministerial de la desaparición de personas, que suman ya 111 mil 561 víctimas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).