La Secretaría de la Defensa no sólo se resistió a entregar información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que se dio el lujo de instruir a la CNDH para que el organismo ignorara una queja interpuesta por el comité de madres y padres de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, según se desprende de los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya.